I.- INTRODUCCIÓN:
La Comisión Provincial por la Memoria, presenta el siguiente dictamen, que manifiesta su desacuerdo con el Proyecto Legislativo Nº A-21/09-10 “Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires” y formula consideraciones generales y específicas al mismo.
El desarrollo se compone de tres ejes:
A.- ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON EL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.
B.- ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS Y DETENCIÓN POR AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD, LAS PRÁCTICAS POLICIALES Y SU NULA RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
C.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.
Este eje se divide a su vez en cuatro cuestiones: 1.- Tipificación de conductas ya legisladas en el Código Penal. 2.- Retroceso jurídico en el procedimiento contravencional que será pasible de sanciones del Sistema Interamericano. 3.- Contradicciones con el Código Penal. 4.- El tratamiento de la culpabilidad: figuras contravencionales sin culpabilidad. 5.- Análisis de otros artículos del Código Contravencional.
II.- DESARROLLO DE LOS EJES:
A.- ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON EL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.
Las políticas de seguridad.
Desde hace dos años, a través de los Informes Anuales 2009 y 2010, la Comisión por la Memoria y en especial como parte del “Acuerdo para una Seguridad Democrática”, que aglutina casi por completo al arco político, universidades, especialistas, organizaciones de DDHH, instituciones y personalidades, viene alertando sobre la peligrosidad de regresar a las políticas de “mano dura” y el autogobierno de la fuerza policial. La reunificación de los Ministerios de Seguridad y Justicia se inscribe en un retroceso del control civil y en el aumento de la autonomía policial, debido a la reducción de las capacidades institucionales del área y a la confirmación en el cargo del Jefe de Policía, en quien se depositan las tareas específicas del ministerio absorbido en una misma órbita ministerial. Esto constituye un fuerte mensaje hacia el interior de la fuerza policial, que ve potenciado su autogobierno, cuya matriz autoritaria se remota a épocas de la dictadura.
Las experiencias pasadas de estas políticas en materia criminal demuestran que ellas no conducen a una mejor gestión de los problemas de seguridad sino a una policía no profesionalizada, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo y en muchos casos funcional a la reproducción de las redes de ilegalidad existentes y con grados creciente de violencia institucional.
Por otro lado, es preciso volver a subrayar que el estado provincial no elabora estadísticas ni indicadores confiables para ser utilizados para realizar un diagnóstico sobre el delito y la violencia en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto hay una carencia de instrumentos para evaluar seriamente el impacto de sus propias políticas en materia criminal.
En la faz legislativa la sanción del proyecto de ley de reforma al estatuto policial concretó por su lado un preocupante retroceso. Esta ley introduce reformas que constituyen una involución respecto de la anterior ley 13.201. Si bien esta ley era necesaria mejorarla para profundizar la profesionalización y democratización de la fuerza policial, aún con sus carencias incorporaba criterios que constituían un avance respecto de legislaciones anteriores. La nueva ley vuelve a un esquema de centralización de la fuerza policial, desalienta la profesionalización y retorna a un esquema rígido, propio de las fuerzas militarizadas. Los costos de esta elección han sido el retroceso en la democratización y modernización de las policías y el consiguiente afianzamiento de prácticas policiales incompatibles con los avances democráticos, como lo son las razias y las detenciones sin orden judicial, torturas, casos de gatillo fácil, llegándose incluso a la desaparición forzada personas, como lo demuestra el caso del joven Luciano Arruga.
En similar dirección a la descripta, se inscribe el proyecto de sanción de un nuevo Código Contravencional para la Provincia de Buenos Aires. En noviembre de 2009, el gobernador Daniel Scioli, anunció que se enviaría un proyecto para ser discutido por los legisladores en el parlamento provincial. Esa medida fue tomada en medio de los asesinatos de Renata Toscano, en Wilde; Sandra Almirón, en Derqui; y Ana María Castro, en Lanús. Lejos de orientarse a desentrañar las acciones propias de las grandes bandas que organizan y gestionan el delito en la provincia, este proyecto profundiza la persecución de los sectores más vulnerables de la sociedad, ampliando los márgenes discrecionales con que cuenta la policía para practicar detenciones sin orden judicial, y ejercer un control ciudadano de “libertad vigilada” para los más frágiles del sistema social.
Cuando todavía hoy repercuten los efectos negativos del Código de Faltas de la provincia originado en la dictadura, se avanza en un nuevo código con conceptos tan o más arcaicos y lesivos que aquél. Bajo el argumento de garantizar los derechos de los jóvenes, paralelamente se impulsaba la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Los discursos de los funcionarios en materia de seguridad se inclinaron hacia la concepción bélica del conflicto social, llegando al extremo de anunciar que “ante delincuentes que están dispuestos a todo… nosotros también debemos estarlo como sociedad”. La militarización del discurso, la instalación del concepto de “guerra” para dirimir un conflicto generado en la sociedad sabemos a dónde conduce: a la destrucción del más débil y vulnerable. Con el respaldo a la arbitrariedad policial se apuesta al avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas y al debilitamiento de las instituciones democráticas.
En este escenario, por iniciativa de la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se constituyó el Acuerdo para la Seguridad Democrática. Este significó una amplia alianza multi-sectorial y multipartidaria que reconoce la importancia de promover soluciones eficaces al problema de la inseguridad y el delito, rechazando las recetas de mano dura y proponiendo la formulación de políticas públicas democráticas orientadas a la prevención del delito mediante la inclusión social. Los postulados básicos del Acuerdo fueron sintetizados en un documento que fue presentado públicamente el 29 de diciembre de 2009 en el Congreso Nacional.
En aquel documento, se señalaba, entre otros cosas, que: “La escasez de diagnósticos confiables; la reiterada ineficiencia de las políticas de “mano dura”; y la segmentación de recursos y de esfuerzos públicos y privados para atender el problema de la inseguridad, ponen en evidencia la necesidad de que el Estado recupere su función. Los gobiernos tienen la obligación de gestionar y controlar el trabajo de las policías, con la mayor participación ciudadana posible, en el marco de políticas de largo plazo, inclusivas y no autoritarias. Sólo así, operando sobre las causas del crimen, se dará respuesta a los problemas estructurales de la violencia social e institucional”.
Este año la Comisión Provincial por la Memoria, presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se alertó sobre la profundización del perfil represivo y los retrocesos en la democratización de las fuerzas policiales en la Provincia de Buenos Aires. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió sus recomendaciones al gobierno argentino, dentro de las cuales y en lo que respecta a las fuerzas policiales, transmitió su preocupación por los casos de asesinatos cometidos por agentes policiales, la falta de esclarecimiento de estos hechos y de sanción a los responsables. Asimismo intimó al estado a que modifique la legislación que faculta a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial previa. No obstante el carácter e importancia de las recomendaciones, el estado provincial no sólo no ha modificado la legislación existente en materia de detenciones sin orden judicial, sino que, mediante proyectos como el Código Contravencional en tratamiento, la legislatura se encaminara a desconocer las recomendaciones de este organismo de la ONU, desafiando –a contrapelo de la historia- con leyes que otorgan aún más facultades autonómicas a las fuerzas de seguridad.
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