Hacia una reforma penal juvenil

em>Publicado en Clarín el 14.2.08
Hacia una reforma penal juvenil
Es el momento adecuado para que el Congreso encare una reforma que no debe centrarse sólo en la discusión sobre la edad mínima para la aplicación de una pena, sino también en los medios para limitar el sufrimiento que provoca el sistema penal.

Por: Diana Conti y Diego Freedman
Fuente: DIPUTADA NACIONAL Y ABOGADO EXPERTO EN DERECHO PENAL

La situación de los niños en conflicto con la ley penal ha sido revisada en los últimos años por una serie de decisiones judiciales de los más importantes tribunales de nuestro país e incluso de organismos internacionales de derechos humanos.

Un lugar común de las sentencias judiciales es considerar como un hito a la Convención sobre los Derechos del Niño, justificando así una crítica a las prácticas tradicionales de la Justicia de Menores, caracterizadas por la privación de la libertad de los niños provenientes de los sectores económicamente más desaventajados al margen de las garantías constitucionales.
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Una reciente resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal —realizada por los magistrados Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant en diciembre de 2007— se encuentra en sintonía con esta posición del Poder Judicial al resolver un hábeas corpus colectivo presentado para proteger la libertad personal de las personas acusadas de cometer delitos antes de los 16 años de edad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El régimen penal de la minoridad vigente establece que las personas que cometen un delito cuando tienen menos de 16 años de edad no son punibles, lo que significa que no puede aplicárseles una pena, como la privación de la libertad.

Es decir, que si una persona de 15 años comete un robo o un homicidio no debe ser sancionado penalmente en ningún caso. Sin embargo, este régimen también establece que la persona menor de 16 años acusada de cometer un delito, puede ser "dispuesta" provisionalmente, como si fuera un objeto, por el Juez de Menores, y si se considera que se encuentra abandonado, falto de asistencia, en peligro moral o material o tiene problemas de conducta, el magistrado tiene la potestad para "disponerla" definitivamente.

Estas medidas de disposición se traducen, por las prácticas tradicionales de la Justicia de Menores, en la privación de la libertad en instituciones carcelarias, denominadas eufemísticamente "reformatorios" y pueden extenderse hasta la mayoría de edad.

En consecuencia, el niño de 15 años que comete un robo, según el régimen vigente, puede ser privado de su libertad si a juicio del Juez de Menores se encuentra en una situación de abandono, hasta los 21 años de edad.

No es posible desarrollar aquí con la extensión suficiente la clara contradicción de esta normativa y de las prácticas derivadas con la letra de la Constitución Nacional que reconoce garantías penales como los principios de legalidad, de lesividad, de inocencia, de proporcionalidad y de defensa. Sin embargo, una Justicia que se mantuvo al margen del texto constitucional pudo someter a los niños imputados de cometer delitos a un régimen violatorio de las garantías fundamentales de los derechos humanos, desde su incorporación a nuestro régimen normativo.

Por ello, nos corresponde ahora destacar esta resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que ha declarado expresamente la inconstitucionalidad del régimen aplicable a los niños menores de 16 años acusados de cometer delitos disponiendo que deben ser liberados progresivamente en el plazo máximo de 90 días y se les debe aplicar un plan individual de protección en coordinación con los organismos administrativos.

Esa misma política regirá para los nuevos casos. De modo que se establece claramente un estándar jurídico: el Estado renuncia a aplicar la privación de la libertad por la comisión de un delito cometido por una persona menor de 16 años. En consecuencia, para aplicar una pena a una persona por un delito cometido cuando era menor de 16 años de edad será necesaria una reforma de la legislación penal por parte del Congreso Nacional.

Precisamente, en el fallo también se exhorta a una reforma de la legislación penal, dada la declaración de inconstitucional producida. Sobre este punto, consideramos que la necesaria reforma legal no debe sólo centrarse en la discusión sobre la edad mínima para la aplicación de una pena, sino que también debemos poner énfasis en limitar el sufrimiento que provoca el sistema penal. Para ello, será indispensable establecer garantías más intensas para los niños acusados de cometer delitos, como regular un plazo razonable más breve de la duración del proceso penal. También resulta imperioso establecer sanciones alternativas a la privación de la libertad aplicables cuando los niños son encontrados responsables de la comisión de un delito.

Debe tenerse en cuenta que la reforma del sistema penal juvenil, como fue la derogación de la ley de Patronato, son sólo pequeños pasos para garantizar la efectividad de las garantías constitucionales y de los derechos humanos de la infancia. Para su realización efectiva será necesario el desarrollo e implementación de políticas públicas centradas principalmente en promover los derechos sociales de los niños.

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