Inconstitucionalidad Reclusion por tiempo indeterminado

Causa nº 26.350; “Roman, Edgardo Omar y Soto, Justo Emiliano s/ Homicidio Calificado”. Sala III.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 23 días del mes de marzo de dos mil seis, se reúne la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal. en acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº 26.350, caratulada “Román, Edgardo Omar y Soto, Justo Emiliano s/ Homicidio Calificado”, y habiéndose efectuado el sorteo correspondiente, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces Daniel Mario Laborde y Marcelo Alfredo Riquert.
El Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes CUESTIONES:
1).- En el caso: ¿Resulta inconstitucional la aplicación de la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el proemio del artículo 80, en su remisión al art. 52, del Código Penal?
2).- En el caso: ¿procede de oficio la declaración de inconstitucionalidad de las accesorias legales que fueran impuestas?
3).-¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LABORDE DIJO:
1- Cuatro postulados de la moderna Dogmática -en lo que al Derecho Penal nuclear se refiere- y una consecuencia común, principian y guían este voto.
Primero, que el devenir jurídico conjetural arroja constantemente, en simbiosis y sincronía, renovadas razones fundamentadoras que, por lo general, no son inmediatamente incorporadas a la aplicación del Derecho Penal en el hecho concreto. Como un permanente proyecto inacabado, cada peldaño ofrece visiones diversas que no resultan prontamente reconducidas a soluciones concretas, “…Porque la praxis y también la ciencia orientada a la praxis, bajo la inercia de la tradición, tienden a quedarse a la zaga de las pautas político criminales de la ley y la Constitución. Sin embargo, según entiendo, el progreso de la dogmática reside en su desarrollo. Puesto que el legislador ha dejado (y necesariamente tiene que dejar) muchos ámbitos -sobre todo en la Parte General- a la interpretación concretizadora de la doctrina y la jurisprudencia, la dogmática cuenta con muchas posibilidades de desarrollo, que no tiene, por ejemplo, un modelo ontológico, basado en supuestas estructuras legales eternas…” (ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal, traducción de Carmen Gómez Rivero y María del Carmen García Cantizano, tirant lo blanch, Valencia, 2000, pág. 63).
Segundo, el reconocimiento de la función teorética como “… la creación de una ‘gramática internacional’… de la imputación penal…” (MUÑOZ CONDE, Francisco, “Dogmática penal afortunada y sin consecuencias”, trad. del autor, en AA.VV., La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo milenio, Albin Eser, Winfried Hassemer, Björn Burkhardt, Francisco Muñoz Conde, coord., tirant lo blanch, Valencia, 2004, pág. 229). Conforme allí se cita, el autor de la expresión remarcada entre virgulillas es Claus ROXIN, quien refiere la globalización del Derecho penal en hipótesis futurable: “… la cooperación científica que existe entre los países individuales en el campo del Derecho penal, llevará a un mayor acercamiento entre los diferentes ordenamientos penales. Pues la reflexión común sobre nuestros problemas conduce, en muchos casos, a soluciones comunes… basadas en un consenso internacional y por ello más sólidas …” (Dogmática Penal y Política Criminal, trad. Manuel A. Abanto Vásquez, Idemsa, Lima, 1998, pág. 447).

Luego, en esa proyectiva, señalo la sólida tendencia, cada vez más revitalizada e inherente a los Estados de Derecho, que incorpora a las garantías individuales como límite infranqueable de la respuesta estatal hacia el delito. “…la antinomia entre libertad y seguridad (expresada en el ámbito penal en la tensión entre prevención y garantías, o incluso, si se quiere, entre legalidad y política criminal), empieza a no ser resuelta automáticamente a favor de la seguridad, de la prevención… Una evolución que, a mi entender, muestra rasgos significativamente dialécticos, y se plasma en síntesis sucesivas de signo ascendentemente humanitario y garantístico…” (SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Bosch Editor S.A., Barcelona, 1992, págs. 13/4. Cursiva en origen).
Como último pilar, aludo al rol del Derecho Penal como tenor de dichas garantías. “Este papel del Derecho como sistema de garantías… se funda en una característica estructural propia del actual Estado constitucional de Derecho: la sujeción al Derecho de la producción del Derecho mismo… no sólo es producido por fuentes y en formas cuyo carácter democrático-representativo es posible garantizar, sino que también está programado en su contenido por principios constitucionales que limitan y vinculan a los poderes normativos, finalizándolos al respeto y a la satisfacción de los derechos fundamentales. Gracias a esta característica, es el mismo «deber ser» del Derecho y no sólo su «ser» -su modelo axiológico y no sólo su existencia- el que ha sido positivizado como Derecho sobre el Derecho, en forma de límites y vínculos jurídicos a la producción jurídica (FERRAJOLI, Luigi, “El estado constitucional de Derecho hoy: el modelo y su divergencia con la realidad”, en AA.VV., Corrupción y Estado de Derecho, El papel de la jurisdicción, trad. Perfecto Andrés Ibáñez [ed.], Madrid, 1996, págs. 22/3. Cursiva en la fuente).

Derogación pena de RECLUSION

Les dejamos los fallos MENDEZ Nancy y ESQUIVEL BARRIONUEVO, Víctor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se afirma

M. 447. XXXIX.- “Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado” – CSJN – 22/02/2005
Buenos Aires, 22 de febrero de 2005.- Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Nancy Noemí Méndez en la causa Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado Causa nº 862C”,para decidir sobre su procedencia.-
Considerando:
1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal nº 7 de esta ciudad condenó a Nancy Noemí Méndez a la pena de cuatro años de reclusión como autora del delito de homicidio atenuado por haberse cometido en estado de emoción violenta (art. 81, inc. a, del Código Penal) (fs. 595/639).-
2º) Que una vez firme la sentencia, se practicó el cómputo de la pena impuesta a la nombrada teniendo en cuenta que había estado detenida en prisión preventiva durante siete meses y tres días (fs. 640); pero este cálculo fue cuestionado por su defensor oficial (en la oportunidad que contempla el art. 493 del ordenamiento procesal) con fundamento en la invalidez del art. 24 del Código Penal en cuanto establece que por dos días de prisión preventiva se computará uno de reclusión, pues consideró que consagra un mecanismo de compensación de la prisión preventiva que devino irracional frente a las sucesivas leyes de ejecución que establecieron la equiparación de las penas privativas de libertad (fs. 643/646).-
3º) Que el tribunal oral hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, fijó una nueva fecha de vencimiento de la pena con arreglo al cómputo establecido para la prisión (fs. 680/69 1), lo que motivó que el fiscal promoviera la instancia casatoria (695/701).-
4º) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró la nulidad del fallo recurrido por considerar (según el voto de la mayoría de sus miembros) que resultó violatorio de los principios de preclusión y cosa juzgada toda vez que encontrándose firme la sentencia condenatoria a cuatro años de reclusión “resultaba imposible en la etapa de ejecución revisar de modo indirecto la validez constitucional de este tipo de pena echando mano a la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 del Código Penal” (fs. 729/733).-

5º) Que contra dicho pronunciamiento la defensa interpuso el recurso extraordinario federal (fs. 753/756) (cuya denegación origina la presente queja) en el que se expresan agravios que hacen aplicable la doctrina de la arbitrariedad que habilita la jurisdicción de esta Corte, pues aunque atañen a materias que (como regla) son extrañas a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para su consideración cuando la decisión respectiva carece de fundamentación válida que la sustente por no constituir una derivación razonada de las constancias de la causa.-
6º) Que ello es lo que ocurre en el presente caso toda vez que el fallo apelado dio un alcance inadecuado a lo que fue materia de decisión en la modificación del cómputo (con motivo de una impugnación efectuada en la oportunidad procesal pertinente), donde no se examinó la validez constitucional de la pena de reclusión sino de la desigual imputación de la prisión preventiva a la reclusión (art. 24 del Código Penal), cuestión que era propia de la etapa de ejecución y ajena al ámbito del recurso contra la sentencia condenatoria.-
7º) Que, en tales condiciones, el a quo efectuó una errónea comprensión de las resoluciones anteriormente dictadas que lo llevó a predicar un estado de preclusión o cosa juzgada notoriamente extraño a las constancias de la causa, incurriendo de esta manera en una deficiente fundamentación que descalifica el fallo como acto judicial.- 8º) Que, por lo demás, cabe destacar (habida cuenta las consideraciones formuladas a mayor abundamiento en la sentencia apelada) la acertada decisión del tribunal oral que corrigió el cómputo de fs. 640, dado que la pena de reclusión debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal puesto que no existen diferencias en su ejecución con la de prisión, de modo tal que cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, aunque ésta sea impuesta con el nombre de reclusión.- Por ello y oído el Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber, acumúlese la queja al principal y remítase.- FDO.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto) – ANTONIO BOGGIANO (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto).- VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Y DE LA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

NO a la pena de muerte

Fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía manceba en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra, autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos.
Me arrojaron a los leones por profesar una religión diferente a la del Estado.
Fui condenada a la hoguera, culpable de tener tratos con el demonio encarnado en mi pobre cuzco negro, y por ser portadora de un lunar en la espalda, estigma demoníaco.
Fui descuartizado por rebelarme contra la autoridad colonial.
Fui condenado a la horca por encabezar una rebelión de siervos hambrientos. Mi señor era el brazo de la Justicia.
Fui quemado vivo por sostener teorías heréticas, merced a un contubernio católico-protestante.
Fui enviada a la guillotina porque mis Camaradas revolucionarios consideraron aberrante que propusiera incluir los Derechos de la Mujer entre los Derechos del Hombre.
Me fusilaron en medio de la pampa, a causa de una interna de unitarios.
Me fusilaron encinta, junto con mi amante sacerdote, a causa de una interna de federales.
Me suicidaron por escribir poesía burguesa y decadente.
Fui enviado a la silla eléctrica a los veinte años de mi edad, sin tiempo de arrepentirme o convertirme en un hombre de bien, como suele decirse de los embriones en el claustro materno.
Me arrearon a la cámara de gas por pertenecer a un pueblo distinto al de los verdugos.
Me condenaron de facto por imprimir libelos subversivos, arrojándome semivivo a una fosa común.
A lo largo de la historia, hombres doctos o brutales supieron con certeza qué delito merecía la pena capital. Siempre supieron que yo, no otro, era el culpable. Jamás dudaron de que el castigo era ejemplar. Cada vez que se alude a este escarmiento la Humanidad retrocede en cuatro patas.

María Elena Walsh

La libertad de los otros

Emilio García Méndez *
El 18 de diciembre de 2007, la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) falló en el hábeas corpus colectivo presentado por la Fundación Sur con el apoyo del CELS a favor de los menores de 16 años privados de libertad en la cárcel de menores denominada Instituto San Martín, en virtud del régimen penal de la minoridad vigente. Es decir, del decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980. Luego de casi dos años de presentado dicho hábeas corpus (que se supone el más sagrado de los remedios judiciales en tanto se refiere a la libertad, el más importante bien jurídico después de la vida), la CNCP dictaminó la inconstitucionalidad del artículo primero del mencionado decreto, ordenó la liberación progresiva en un plazo de noventa días de los menores ilegítimamente privados de libertad (y de todos aquellos que en el futuro pudieran encontrarse en una condición similar) y exhortó al Poder Legislativo a aprobar en el plazo de un año una ley de responsabilidad penal juvenil.

Para sorpresa de algunos, al cumplirse exactamente los noventa días estipulados por la Casación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) suspendió la ejecución de la sentencia de Casación con un fallo de pocas líneas, modelo perfecto de “razón de Estado”. El único “argumento” de la Corte se redujo a aducir “la gravedad institucional del hecho”. La importancia de los amicus presentados ante la Corte en este caso difícilmente pueda disimularse. Presentaron escritos el reputado jurista italiano Luigi Ferrajoli, el Ilanud y Americas Rights Watch. La Fundación Sur Argentina (actora del proceso) solicitó y le fue concedida para el 10 de septiembre una audiencia pública frente a la Corte. A menos de 24 horas de su realización la audiencia fue suspendida sine die sin ninguna explicación.

Como es frecuente desde hace muchos años de debates espasmódicos sobre el tema, un hecho de violencia grave atribuido a un menor de edad recibido con destaque por los medios de comunicación provocó esta vez declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuyo eco todavía no se ha apagado.

En una forma cuanto menos confusa, el gobernador Scioli propuso bajar la edad de imputabilidad (hoy en 16 años) y colocó como ejemplo a seguir una serie de países de la región que han instaurado sistemas de responsabilidad penal juvenil que nada tienen que ver con la baja de edad de imputabilidad. Mientras que esta última significa simplemente tratar penalmente a los menores de edad como si fueran adultos, los sistemas de responsabilidad penal juvenil (vigentes en toda América latina menos en la Argentina), implican la existencia de un proceso acusatorio diferenciado pero respetuoso de todas las garantías del debido proceso con sanciones atenuadas comparadas con las de los adultos. Implica, como es el caso del proyecto de mi autoría, elevar la edad de la imputabilidad penal de los actuales 16 para los 18 años y al mismo tiempo colocar la responsabilidad penal en los 14 años.

En una Argentina crónicamente inestable, que no consigue articular un discurso serio y coherente sobre la represión legal de todas las conductas delictivas, cada vez son más aquellos que por mala fe pretenden confundir a la opinión pública asimilando los sistemas y las leyes de responsabilidad penal juvenil a la baja de edad de la imputabilidad. Es la misma Argentina que se rasga las vestiduras sobre lo que podría pasarles a los adolescentes infractores en un futuro régimen penal juvenil, pero cierran los ojos frente a la prisiones ilegales de los adolescentes (pobres) menores de 16 años, así como frente a las 14 sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. La misma Argentina que se niega a interpelar a sus adolescentes como responsables, pero que no duda en interpelarlos como incapaces y “protegerlos” en una cárcel de menores. Es la misma Argentina donde algunos intendentes del conurbano (el de San Isidro, por ejemplo) rechazaron hasta la misma idea de bajar la edad de la imputabilidad por considerarlo un trámite lento y engorroso y han propuesto, en cambio, trabajos forzados rurales para los adolescentes pobres. Tal vez no sea consciente el intendente de lo poco original y novedosa que resulta su propuesta. En la Londres de fines del siglo XIX se propuso insistentemente crear colonias agrícolas en el Canadá, con los niños de la calle que “sobraban” en la capital inglesa.

Es la misma Argentina donde según la brillante definición de Tulio Halperin Donghi, “el Estado detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia, con la condición de que no la use”. La misma Argentina donde de tanto en tanto los mesianismos de izquierda y de derecha se conjugan con un progresismo bobo y un abolicionismo transnochado para generar situaciones de violencia que legitiman la cultura que las produjo. Es la Argentina donde el valor de la libertad de los adolescentes pobres se ha devaluado hasta prácticamente desaparecer.

En varios sentidos, la CSJN se encuentra hoy frente a un caso emblemático. Desde el punto de vista jurídico, considerando especialmente que la ley 26.061 prohíbe tajantemente utilizar la privación de libertad como una forma de protección, el caso del hábeas corpus colectivo cuya resolución está en manos de la Corte es de una sencillez apabullante. Diversa puede ser su complejidad desde el punto de vista político. Sin embargo, como nos ha enseñado la propia Corte en el caso Patti, una Justicia independiente debe fallar predominantemente conforme con la rigurosidad jurídica que exige su función institucional. No más que eso, pero tampoco menos esperamos de nuestra máxima autoridad judicial.

* Presidente Fundación Sur-Argentina. Diputado nacional por el SI.

“La represión no resuelve nada”

Entrevista con Amadeu Recasens i Brunet, experto en seguridad (Página 12 del 11.11.08)
“La represión no resuelve nada”
El ex director de la Escuela de Policía de Catalunya asegura que las políticas de mano dura “no solucionan el problema” del delito. Dice que los medios construyen miedos como “herramientas de sumisión” y advierte que la crisis global generará mayor sensación de inseguridad.
Por Irina Hauser

“La respuesta represiva no ataca el problema de fondo, que suele ser social, económico”, dice Recasens.

Amadeu Recasens i Brunet es un científico social catalán experto en temas de seguridad. Vino al país para mantener reuniones en las secretarías de Seguridad Interior y de Política Criminal y aterrizó justo en medio de la polémica desatada a partir del crimen del ingeniero Barrenechea. Se encontró con el gobernador Daniel Scioli pidiendo bajar la edad de imputabilidad y hasta oyó a la Presidenta clamar por más cárcel para los delincuentes. Frente a eso, sostiene que “las respuestas represivas crean una apariencia momentánea pero no solucionan el problema”, sino que propician que “se siga reproduciendo”. Y advierte: “Quienes tienen la responsabilidad de generar políticas públicas no pueden responder así”. Los medios de comunicación, dice, colaboran con “la construcción del miedo”, una poderosa “herramienta de sumisión”. Sus pronósticos no son alentadores. Con la crisis global, anticipa, van a aumentar la criminalidad y la percepción de inseguridad.

–Cada vez que reaparece el debate sobre la inseguridad, la respuesta es represiva. ¿Sirve?

–Es una respuesta, no una solución. ¿Alguien ha hecho un análisis de políticas públicas sobre cuál es el problema? Se actúa de manera inmediata y reactiva frente a algo que tal vez no se conoce. Como cuando uno le da una aspirina a un enfermo que tiene fiebre. Trata el síntoma, pero no la enfermedad. Históricamente hubo en todas partes políticas de mano dura. ¿Han solucionado algo? No. La respuesta represiva puede crear cierta apariencia momentánea, pero como no ataca el problema de fondo, que suele ser social, económico, una construcción de miedos, no resuelve nada. Quienes tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas no pueden responder así. Las políticas se deben basar en criterios, no en reacciones espontáneas cuando hay más robos o una manifestación.

Declaración Universal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre se cumplen los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entrevista a Zaffaroni

Kirchner se equivoca políticamente. Se equivoca mal”, afirmó el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni. De esa manera le respondió al presidente Néstor Kirchner, quien mandó a los jueces garantistas a ponerse los pantalones largos porque liberan a delincuentes que vuelven a cometer delitos. El magistrado cuestionó a los medios porque “informan pésimo” y criticó a los que piden mano dura: “Hay hipócritas que pretenden que se encierre a todo el mundo y que los jueces se conviertan en verdugos de los pobres y excluidos. Piden que se condene a niños para meterlos en cárceles donde sean violados y de las que salgan como psicópatas asesinos”, le dijo Zaffaroni a Crítica de la Argentina.

La arremetida kirchnerista contra los jueces garantistas sumó otro capítulo. El jueves, en un acto del PJ en Florencio Varela, Kirchner criticó a la Justicia y citó una frase de su esposa Cristina, quien había dicho que “la policía detiene y la Justicia libera y libera”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, también cuestionó a los tribunales con “puerta giratoria”.

Zaffaroni es el primer integrante del máximo tribunal del país en polemizar con el Presidente sobre la inseguridad.

–¿Qué opina de lo que dijo Kirchner con respecto a los jueces?

–Kirchner es el presidente de un partido político y dijo lo que suele decir un político, o sea que siguió el discurso político dominante, conforme al discurso único de medios, del que los políticos consideran que no pueden apartarse porque pierden votos.

–¿Pero no implica esto una intromisión en el Poder Judicial?

–No lo creo, porque no se refiere a ningún caso en particular, pero si lo fuera, es claro que tanto Kirchner como los otros políticos son instigados –si no prácticamente coaccionados– a hacerlo por los medios de comunicación, que son los primeros que se entrometen en el Poder Judicial expandiendo un discurso demagógico y vindicativo que proviene de las ahora agónicas administraciones republicanas de los Estados Unidos: si hay homicidios es porque los jueces no encierran a más gente.

–¿Kirchner se equivoca o miente al reclamarles a los jueces?

–Se equivoca, se equivoca políticamente, pero no es el único, y se equivoca mal, porque al margen de cualquier juicio político a su respecto, nadie puede negar que no es responsable de los males que hoy se pagan con un alto costo social.

–Pero gobernó el país durante cuatro años y ahora lo hace su esposa.

–Sí, en esos cuatro años no se causaron esos males, por el contrario, por él o por lo que sea, no abro juicio, esos males en alguna medida, grande o pequeña, tampoco lo juzgo, se revirtieron. Las consecuencias sociales de una catástrofe no se remontan con el repunte de la economía, hay daños que cuestan una generación para repararse. Estamos pagando costos y es significativo que quienes hace diez años impulsaban el desastre hoy impulsen campañas a favor de la represión y pretendan estigmatizar a los jueces.

–¿Y los políticos no tienen responsabilidad?

–Claro que la tienen. La política tiene una enorme función formadora en la sociedad que nunca debería abandonar. Esa función se pierde cuando sólo se limitan a decir lo que les parece que le gusta oír a la gente, porque cabalga el discurso mediático vindicativo o porque con eso creen descargarse en otros.

–¿Por qué cree que se vuelve a pedir mano dura?

–En la década pasada casi se destruyó el país, se gestó una exclusión social sin precedentes, se retrocedió en salud y en educación, se descuidaron los planes sociales y se desarmó el trabajo, el empleo, se perdieron hábitos laborales, se llenó de armas como nunca antes el país, nos quedamos sin dinero ni sistema financiero, se bloquearon los ahorros de la gente y otras barbaridades más. Sólo un tonto podría creer que eso puede ser gratuito, que no tenga un costo social en violencia. Lamentablemente, hay tontos incrédulos, pero lo grave es que también hay hipócritas que ahora piden que todo el presupuesto se invierta en cárceles.

–¿Aumentaron los homicidios?

–Es posible, pero a ciencia cierta nadie lo sabe bien porque no tenemos investigaciones dedicadas a la prevención. Parece que a nadie le interesa prevenir porque nadie invierte en investigación. En un conglomerado urbano de más de diez millones de personas siempre habrá homicidios.

–¿Hubo un recrudecimiento de la inseguridad o es una sensación térmica, como dijeron algunos funcionarios?

–No, hay violencia, siempre la hubo, quizá haya algo más, pero no confundamos los niveles discursivos. Los medios bombardean todo el día con noticias rojas, que nunca faltarán, por desgracia, porque no hay sociedad en la que no haya homicidios y violencia. Las noticias son ciertas, pero no sabemos qué pasa, si aumenta, cuál violencia aumenta, cuál baja, qué homicidios son los que aumentan o los que bajan, si son intrafamiliares, entre desconocidos, entre conocidos, con ocasión de robo, por qué motivos, quiénes son las víctimas, cuáles son las condiciones de victimización, qué momentos y circunstancias son los de mayor riesgo y cuáles los medios. En cuanto a la sensación térmica, existe siempre: desafío a cualquiera a que revise todos los diarios del siglo pasado en cualquier hemeroteca y verá que invariablemente se denuncia por lo menos una vez en la semana el aumento de la criminalidad a lo largo de los últimos cien años, salvo en los períodos dictatoriales. Si eso hubiese sido cierto a lo largo de cien años, estaríamos todos muertos. Y era cierto que había homicidios y asesinos, incluso múltiples, como Mateo Banks y Cayetano Santos Godino. En las dictaduras eso no se dice porque la dictadura no puede permitir que los medios proyecten una sensación de inseguridad, sólo pueden proyectar la seguridad del orden de cementerio que pretenden imponer y la censura opera en ese sentido.

–¿Cree que los medios comunican mal?

–Mal no, en general lo hacen pésimamente. Cuando un medio informa que “un juez condenó a prisión preventiva”, que absolvió a un detenido “otorgándole la excarcelación” o disparates semejantes, ¿qué está comunicando? ¡Cualquier cosa! Si los medios pusiesen un mínimo de cuidado no aparecerían semejantes disparates. Confunden excarcelaciones con absoluciones, prisiones preventivas con condenas, ridiculizan garantías que si se desconociesen nos sumirían en un estado policial que nadie toleraría.

–¿Se habla sobre inseguridad sin saber del tema?

–Todo el mundo habla de fútbol, pero no veo que le den la cámara a cualquiera; allí proceden con periodistas especializados, con técnicos y jugadores. En materia de seguridad, de justicia penal y de delito habla cualquiera como si fuese el mejor criminólogo del planeta.

Encuesta

Casos Omision

CASO 5. M fue condenado a la pena de un año de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (ley 13944). En la sentencia de primera instancia, se valoró como un dato contrario al imputado, la circunstancia que éste, careciendo de un trabajo, hubiera optado por estudiar una carrera universitaria, lo que implicaba una erogación importante en transporte y material de estudio, evidenciando ello que el imputado priorizaba su apetencia profesional al mínimo sustento de su hijo. En el fallo del juez de grado se reprochó que el imputado no hubiera buscado un trabajo acorde a su nivel social. Para la caracterización del imputado se tomó en cuenta el informe de la Asistente Social que ubicó al procesado en un barrio obrero humilde, de casas prefabricadas o premoldeadas de calles de tierra de difícil acceso los días de lluvia y que -a los ojos de la informante- “se lo percibe muy deprimido”, resultando para los vecinos “una buena persona que en el barrio no molesta”. La investigación permitió constatar que el menor de edad pudo subsistir a instancias de su madre.
Analice los fundamentos del fallo.

CASO 6. El 15 de diciembre de 2002 Norma Beatriz M. descendió de la formación de tren en la Estación Sáenz de la línea de ferrocarril Belgrano Norte, sin aguardar la detención definitiva del tren. Apenas colocó un pie sobre el andén, el movimiento de la formación provocó que fuera arrastrada entre uno y dos metros. Tal situación le causó lesiones de carácter grave, puntualmente, la fractura externa proximal del húmero derecho (según informe médico de fs. 55/56 y copia de la historia clínica del Hospital Ramos Mejía de fs. 129).
Analice la eventual responsabilidad jurídico penal de Walter L. –quién se encontraba ubicado en el interior del tren, a dos vagones de distancia del lugar en el que se produjo el hecho, cumpliendo funciones como “guardatren”, ante la inacción en que habría incurrido, pese a la posición de garantía en que se encontraban, por razón de la función que desempeñaba.-

CASO 7. El niño R. A. L. nació en la provincia de Corrientes el 23 de mayo de 2.006 y falleció el 17 de agosto del mismo año, por paro cardiorrespiratorio, por desnutrición extrema, con detención en el crecimiento ponderal y abandono de las normas mínimas de higiene y cuidado. Los médicos que intervinieron en el proceso han explicado que al estado de desnutrición en grado III -que era la que presentaba la víctima-, no se llega de un día para el otro sino que se trata de un proceso. Es de destacar que el menor nació con 3,350 kg. de peso y al fallecer tenía 2,718 kg. La autopsia indicó que el niño no presentaba otra causa de muerte fuera de la falta de alimentación y el alto grado de deshidratación. Analice el posible reproche al padre de la víctima, A.L., quién trabajaba en el campo, todo el día, aportando el sustento para su familia y de la madre, S. A. quién no trabajaba fuera de su hogar sino que permanecía allí y el niño se encontraba a su exclusivo cuidado.

CASO 8. En el interior del pabellón de una unidad carcelaria, una persona, mediante apuñalamiento, habría provocado a otra serias heridas internas, de perforación de pulmón, techo gástrico, hígado y bazo. En los primeros momentos de atención médica en un hospital público, de acuerdo al diagnóstico realizado, se habrían detectado las dos heridas referidas en primer lugar y realizado técnicas de suturación de pulmón e hígado para paliar la emergencia, quedando el herido internado en la unidad de terapia intensiva y con un cuadro de evolución evaluado como normal para la situación atendida. Dos días más tarde, se habría advertido en el paciente una severa descompensación hemodinámica –síntoma de una importante pérdida de sangre-, a partir de lo cual se le habría realizado una exploración quirúrgica laparotómica y hallado finalmente las lesiones punzo cortantes en los otros dos órganos, es decir, en el estómago y en el bazo. Se habría realizado, a partir de ello, una emergente ablación del bazo. Posteriormente el paciente muere, previo a lo cual habría hecho dos paros cardiorrespiratorios, siendo para el segundo infructuosas las maniobras de reanimación. De haberse completado inicialmente el diagnóstico mediante una laparotomía se hubieran detectado las heridas no advertidas y “posiblemente” se hubiera salvado la vida del paciente.
a. Analice la responsabilidad del agresor en el hecho. Indique qué delito le imputaría.
b. Analice la responsabilidad de los médicos en el hecho. Indique qué delito les imputaría.